DETIENE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO A PRESUNTA ABOGADA POR UNA SERIE DE FRAUDES
Intentó liberar a un reo con documentos falsos.
Cuenta con 8 sentencias judiciales falsificadas con un monto de más de 3 millones de pesos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado logró la captura de Maritza Amalia Muñoz Jaramillo de 33 años de edad, quien contaba con órdenes de aprehensión de los Juzgados Primero y Octavo de lo Penal, por los delitos de uso de documentos falsos, usurpación de funciones, evasión de reos en grado de tentativa y delitos cometidos contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública, así mismo cuenta con ocho sentencias judiciales falsificadas por un monto de 3 millones 505 mil 300 pesos.
Luego de una serie de denuncias que iniciaron desde el 19 de julio del 2007, se inició una investigación ya que el entonces delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Tijuana, interpuso una querella en contra de la indiciada por los delitos de fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
Los hechos más recientes en los que se le señala ocurrieron el pasado 18 de septiembre de este año cuando Maritza Amalia Muñoz Jaramillo acudió a las instalaciones del Centro de Readaptación Social de La Mesa, presentándose como Actuaría del Juzgado Quinto Penal y que iba a notificar la libertad del interno Daniel Varela Vega, quien se encuentra internado por el delito de secuestro agravado.
La presunta actuaria presentó una boleta de libertad y un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, la firma y sellos de los documentos tenían anomalías, por lo que el Subdirector del Centro de Readaptación Social avisó al personal del Juzgado quienes aseguraron que los documentos eran falsos, por tal motivo le fue negada la libertad a Daniel Varela.
El siguiente día reapareció en el penal de La Mesa Maritza Muño, presentándose como la abogada particular de Daniel Varela identificándose con una credencial federal, y exigiendo la libertad de su cliente aduciendo a que en el Juzgado Quinto le habían notificado de su liberación, sin embargo, al resultar falso la documentación se le indicó que no sería posible la libertad.
Una vez presentada la denuncia por el personal del Centro de Readaptación, se recabaron los dictámenes periciales en materia de grafoscopio, con lo que se acreditó que las firmas y sellos de los documentos eran apócrifos, así también se efectuó un dictamen en materia de informática sobre el video del sistema de circuito cerrado del Cereso.
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